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LA TRAMPA ECONÓMICA QUE ESCONDE LA CONSTITUYENTE


Sobre Venezuela, Odebrecht y la fractura de la Omertá

El trasfondo de negocios oscuros aparece como uno de los mayores lastres del régimen potenciando la acción internacional en su contra. Nombres y cuevas poco conocidas

Entre las primeras medidas que adoptó la cuestionada Constituyente venezolana, destaca una reforma que suprime los límites de la Constitución chavista a la explotación extranjera de los recursos petroleros y gasíferos del país. Fue un paso regido por la necesidad, condición que, como se sabe, es inevitablemente hereje. La razón para esa audacia era pavimentar el camino de los negocios de Rusia en el país, uno de los pocos aliados del experimento bolivariano pero también uno de sus principales acreedores.

El Kremlin es propietario de 49,9% de Citgo Petroleum, filial de la estatal PDVSA en EE.UU. Allí tiene tres refinerías, en Texas, Illinois y Luisiana, y una red de 15 mil estaciones de servicio. Ese enorme bocado Moscú lo consiguió por un préstamo de hasta US$ 5 mil millones que proveyó la rusa Rosneft y se garantizó con esas acciones. Ahora, Vladimir Putin quiere desprenderse de esa participación atento al deterioro creciente del vínculo entre Venezuela y EE.UU. y el propio de Moscú con la Casa Blanca que hace imprevisible ejecutar esa hipoteca. La intención es cambiar esas acciones por otras de tamaño similar pero de los campos de gas y crudo Rosa Mediano, Tía Juana y Lago Lagunillas en el estado de Zulia.

La modificación del status quo legal por parte de este autoritario poder supremo inventado por el régimen, obedece a facilitar esa operación y clausurar cualquier poder disidente que la complique. Pero hay otro objetivo más grueso. Según el Financial Times, que cita investigaciones de Reuters, se habilita por primera vez a un país extranjero a comercializar el petróleo venezolano por fuera de PDVSA. Quien quiera caracterizar ese acuerdo como una avanzada imperialista, para usar el palabrerío que gusta al régimen, no se equivocaría. Rusia literalmente está colonizando parte de la riqueza petrolera venezolana aprovechando la doble debilidad económica y política del chavismo y el oportunismo de sus jerarcas. Así como EE.UU. hizo en un pasado no tan lejano también en Venezuela. Pero, claro, se trata de Rusia que alguna vez fue comunista.


La dependencia venezolana del Kremlin se amplificó este año, cuando el gobierno de Nicolás Maduro no pudo saldar US$ 954 millones de una deuda renegociada en setiembre de 2016. Ese traspié es importante porque Caracas ha sido hasta ahora un pagador óptimo de sus obligaciones externas pese a sus calamidades domésticas. “Esto refleja las dificultades del país sudamericano para cumplir con sus compromisos ... que (además) enfrenta miles de millones de dólares en pago de bonos”, concluyó la agencia Bloomberg al revelar ese impago.

Es por este escenario y otros capítulos sombríos que Venezuela está dispuesta a todo. Necesita a Rusia y también a China para obtener una liquidez que le permita mantener ese comportamiento, evitar un default de su deuda y blindarse de una doble amenaza norteamericana: la suspensión de las compras de petróleo, y la restricción que rige desde ayer para las operaciones con bonos en dólares emitidos por Caracas y PDVSA .

Hay que tener en cuenta que Venezuela es enormemente dependiente de EE.UU. Exporta 40% de su producción petrolera, unos 750 mil barriles diarios, y le compra hasta 200 mil barriles diarios de crudo ligero. Prohibir las exportaciones estadounidenses a Venezuela, forzaría a PDVSA a importar productos refinados, a mayor costo, de Europa y Asia haciendo poco rentables sus ventas de crudo extra-pesado. Del otro lado, si se cortan las ventas venezolanas sucumbiría un negocio clave porque ese petróleo se comercializa a precios de mercado, un ingreso crucial para la endeble economía del país caribeño.

El tema de los bonos puede estar anticipando esa otra medida drástica. La disposición prohíbe a las instituciones financieras de EE.UU. la compra y venta de papeles denominados en dólares para deuda nueva y capital lo que complica al mayor referente de fondeo del país. Quienes propician esa medida sostienen que, a la par que es limitada, configura un daño menor al venezolano de a pie que el que acarrearía el cese de la compra de crudo.

Un factor que oxigena esta ofensiva es una oleada de denuncias de corrupción que demuelen aún más la imagen del régimen chavista. La depuesta fiscal general Luisa Ortega Díaz, una ejecutiva de las entrañas del régimen, se rebeló contra Maduro y escapó del país rompiendo una Omertá que vinculaba a todo el funcionario chavista, incluyéndola. Lo hace, además, con el vasto conocimiento de las trastiendas que le brindó el estratégico despacho que condujo durante años.


Las declaraciones de Ortega Díaz, en Venezuela antes y en el exterior las últimas horas, confirman una antigua revelación del ex ministro de Economía de Hugo Chávez, Jorge Giordani, quien estimó en US$300 mil millones la plata escamoteada durante el régimen. Esa cifra que parecía exagerada entonces es la que ahora más citan las fuentes diplomáticas en Caracas, incluso elevándola en un tercio.

Como ya comentó esta columna, la fiscal denunció la pista de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela detrás de once grandes emprendimientos no iniciados o nunca terminados entre otros expedientes que involucran un fraude de US$30 mil millones. En Brasilia, donde esta ex funcionaria estuvo el año pasado cuando aún no se la cuestionaba y, previsora, armó una red de contactos, acaba de señalar que el segundo hombre en el poder, el ex capitán Diosdado Cabello, es uno de los fuertes vínculos con la constructora brasileña. Cita la existencia de una empresa española, TSE Arietis, que le “depositó 100 millones de dólares” a este jerarca. Esa firma aparece como propiedad de Luis Alfredo Campos Cabello y Nelson Jesús Campos Cabello, primos del ex titular del Congreso.

En México hay otra compañía, la Group Grant Limit que, según la fiscal, sería propiedad de Maduro aunque entre los dueños aparecen Alvaro Enrique Pulido Vargas y Alex Saab Morán, dos colombianos que se hicieron millonarios como contratistas del gobierno venezolano. Según Univisión, Pulido Vargas tiene antecedentes de narcotráfico no desmentidos. Esa firma coloca en Venezuela la magra bolsa de alimentos CLAP que el gobierno vende a valores bonificados a la población carenciada. La bolsa suele aparecer en el mercado negro a un precios cinco veces mayor. El caso de la firma española de los Cabello es interesante porque, según las fuentes diplomáticas, por idioma y afinidad, ese país es preferido por los jefes del régimen para sus dineros opacos. Si Madrid cerrara las cuentas de los líderes chavistas, patearía un inmenso hormiguero, sostienen. Pero no es sólo España.

En marzo de este año fue arrestado en Kansas, Pedro Doneciano Baptista Zacarías. Este hombre es hermano de la mujer del ex ministro de Transporte y Obras Públicas del régimen, Haiman El Troudi, algo así como el Julio De Vido de aquellas tierras al menos hasta setiembre de 2015 cuando dejó el cargo. El notorio cuñado figura junto a su madre Elita del Valle Zacarias Díaz como propietario en Francia de la firma Saint Marie Sasa 238 creada en julio de 2016 con un exiguo capital de 1.000 euros. Con un fondo similar también fundaron otras dos empresas, Saint Clarie 230 y Saint Mathis 238. La cobertura era que estas compañías se especializaban en inversión inmobiliaria. La sospecha de lavado no sería exagerada. Zacarías fue arrestado en EE.UU. por robos de identidad de un centenar de personas para vaciarle sus cuentas.

Un detalle. El 12 de julio pasado, la esposa y la suegra de El Troudi habían sido citadas por la fiscalía que aun dirigía Ortega Diaz en calidad de imputadas por su presunto vínculo con los frondosos negociados de Odebrecht. Pero esto, claro, fue antes de ser destituida. La Constituyente de eso no habla. Nada de qué sorprenderse.

Marcelo Cantelmi
Clarín, Argentina
“Las imagenes que salen en la portada, no son de responsabilidad del autor del escrito”

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