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LUISA ORTEGA DIAZ AL TSJ


Luisa Ortega Díaz al TSJ


Por estos días en Venezuela los eventos se precipitan en horas. Aún no hemos terminado de digerir y analizar unos, cuando ya hay otros que nos obligan a repensar consideraciones preliminares. Las sentencias del TSJ, escamoteando las facultades de la Asamblea Nacional, y la declaración —que para algunos resultó sorpresiva— de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, denunciando el rompimiento del orden constitucional, confirman la grave crisis institucional que atraviesa Venezuela.

Pero el hilo constitucional se rompió hace mucho tiempo. Todo este desmadre comenzó en diciembre de 2015 cuando el parlamento ilegítimo, destituido electoralmente por el pueblo, cambió la composición del Tribunal Supremo de Justicia. La intención entonces era muy clara: Darle un barniz de legalidad a las acciones de la dictadura.

Así como la victoria de la oposición en diciembre de 2015 tomó por sorpresa al régimen, la arremetida del gobierno contra el nuevo parlamento tomó por sorpresa a la oposición, que pasó todo el 2016 y lo que va del 2017 ensayando formas para enfrentar institucionalmente la nueva situación de facto creada por el gobierno. Muchos de estos intentos significaron retrocesos para la oposición, tales como no designar oportunamente a los magistrados de TSJ ni a la directiva del CNE, y la desincorporación de los diputados por Amazonas.

Todas estas fueron decisiones que tomó la oposición en el parlamento no sin un intenso y nada fácil análisis de costos y beneficios políticos. Al final, estas fueron presentadas al gobierno como una forma de honrar las diligencias de un diálogo engañoso, y mostrar la buena intención de destrabar el conflicto político.

A estos gestos de flexibilidad y buena voluntad política, el régimen respondió como históricamente han respondido los poderes despóticos desde Roma hasta nuestros días: Con más acciones brutales para aniquilar al adversario. Esto demostró que fue un error el año y medio de tregua que la oposición concedió al régimen, al no defender el ejercicio pleno de las funciones de la Asamblea Nacional. Así como lo ha sido negarse a caracterizar al régimen como lo que es: Una dictadura.

Algunos diputados de la oposición en la AN explican en privado que, mientras las FANB estén alineadas con el gobierno, ninguna decisión que tome la Asamblea Nacional será ejecutable en la práctica, porque no hay fuerza institucional para hacerlas cumplir. Esta es la lógica que se ha impuesto en las acciones de la AN. Evitar tomar decisiones que en la práctica sean inejecutables para no poner en evidencia la vulnerabilidad del poder legislativo.

Sin embargo, a la luz de los últimos acontecimientos, la oposición y la AN deberían, a la velocidad del rayo, revisar la lógica que regula sus relaciones con el gobierno.

La afirmación de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz sobre el rompimiento del hilo constitucional hay que verla en un contexto más amplio que el de las sentencias aludidas. El estado de derecho está quebrado porque el régimen tiene secuestrados los poderes públicos para saltarse la Constitución y las leyes, y evadir procesos constitucionales como la convocatoria oportuna a elecciones. Y lo que debería seguir a las declaraciones de la Fiscal son acciones concretas para restablecer el orden jurídico que ha sido vulnerado.

Todo esto debería marcar el inicio de una nueva etapa en la lucha democrática, donde la Asamblea Nacional, aunque no tenga por ahora el respaldo institucional de las FANB, comience a ejercer a plenitud sus facultades constitucionales.
Empezando por reincorporar a los diputados por Amazonas, destituir a los magistrados del TSJ por violar reiteradamente la Constitución Nacional, y designar una nueva directiva del CNE con rectores imparciales. Esto además de ejercer las funciones de control, vigilancia y sanción de funcionarios públicos civiles y militares que deberían comparecer ante el parlamento a rendir cuentas por sus actuaciones.

Estas medidas están en el marco de lo que establecen la Constitución y las leyes. Ni más, ni menos. Si los militares van a desconocer las acciones soberanas y constitucionales del parlamento, bueno ese será un problema que tendrán que resolver entre ellos mismos.

Por su parte, la Asamblea Nacional debe aprovechar ese nuevo realineamiento de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz para invitarla a formar parte de una cruzada por el rescate de la institucionalidad y el estado de derecho, y así darle la oportunidad a esta ciudadana de respaldar sus palabras con acciones correctivas concretas.

Inclusive, la Asamblea Nacional podría ir más lejos y designar a Luisa Ortega Díaz como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para que, desde allí, contribuya a restablecer el hilo constitucional roto y a la vez sea garante de una transición política pacífica, democrática e institucional.

Humberto González Briceño @humbertotweets

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