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SÍ PODEMOS Y SIN DERRAMAR SANGRE

  
SÍ PODEMOS Y SIN DERRAMAR SANGRE

" Las vías pacíficas y democráticas  para rescatar la esperanza y el desarrollo armónico de la Patria están en nuestra Constitución "

Formato del Futuro…

Con casi una treintena de versiones constitucionales a lo largo de su innegable aún joven trayectoria republicana, en Venezuela no luce claro si su población ha entendido para qué sirven precisamente las constituciones.

Es verdad, también forma parte de esa misma historia de poco más de doscientos años, el que se diga que los venezolanos insisten en tratar de solucionarlo todo por la vía legal y no apelando a su difundida vocación libertaria y democrática.  Es decir, que necesitan de una ley hasta para transitar bajo el sol. No obstante, lo que bien pudiera ser motivo de recurrencia incansable a conjeturas y reflexiones, al final, no se admite como lo que es digno de aceptar, reconocer, analizar y de convertir en lo fundamental: que la Constitución es el Documento regulador del comportamiento ciudadano, incluyendo a los que gobiernan y a los gobernados. Pero, además, que su vigencia, acatamiento y cumplimiento es lo que permite la convivencia armoniosa. Y siempre y cuando, desde luego, cada ciudadano la asuma como parte de su vida misma; de su vigencia para perfilar y gozar de derechos; de la importancia de su presencia y función normativa para que también se honren deberes.

Indiscutiblemente, si el ciudadano -en este caso el venezolano- no sabe, ignora o se desentiende de la máxima de que  cualquier violación de la Constitución conduce al quebrantamiento de algún derecho ciudadano ajeno, según el criterio interpretativo para lo cual están vigilantes y han sido designados los tribunales de justicia, es objeto de sanción.

Por supuesto, todo está supeditado y condicionado a que los administradores de justicia sean ciudadanos probos, imparciales y de comprobada honorabilidad, con títulos  académicos que certifiquen el debido conocimiento, experiencia y dominio jurídico para juzgar y sentenciar acorde a la ley y el derecho para resarcir al o los afectados por algún daño causado. Sin embargo, eso es materia de la propia naturaleza interpretativa de las reglas que se aprueban, precisamente, para que la justicia y su administración no sean convertidas en una expresión caprichosa de individualidades, grupos o sesgos ideológicos.   

El reconocimiento y decisión de vivir y de convivir con base en lo que contempla una Constitución y aceptar sus alcances en los términos expuestos, sin duda alguna, lo que plantea en aquellas sociedades que deciden regirse por ella, como es el caso de Venezuela, es que no admiten someterse a lo que determina la ley de la selva, madre y padre incuestionable de la anarquía social. Porque esa ley lo que establece, es que predomina un solo derecho: el de la fuerza bruta, el del Alfa macho de la manada; el del administrador del poder por la vía del miedo, del terror y del hambre.

En Venezuela, salpicada históricamente de conceptos, razonamientos, pensamientos y expresiones cargadas de justificaciones para que haya habido 27 constituciones, sin embargo, son muchos los que han decidido convertirse en machos Alfa, en jefes de manadas, aunque, curiosamente, escondidos detrás de la temeridad colectiva en la que siempre se traduce  el empleo de armas de guerra, para, supuestamente, blindar y resguardar  la importancia de la paz.

De lo que ellos no se han percatado, sin embargo más allá de su persistente empleo  de tal argumentación, es que no alcanzan a ser precisamente jefes de manada. No sólo porque no se vive en la selva, sino también porque una sociedad informada -y aun mediatizada y manipulada- es capaz de razonar, intuir, deducir y rechazar toda posibilidad de someterse a la obligación de actuar como rebaño. No así, sin duda alguna, de administrar su capacidad rectora de esos mismos componentes de un sinfín de reacciones sociales espontáneas en la historia de muchas comunidades: el hambre, la injusticia y el miedo; detonadores históricos por excelencia.

Investigaciones sociales, encuestas e investigaciones académicas, por cierto, se han ocupado de demostrar que en Venezuela, tales factores ya no son detonadores. Las ubican como activadores de un componente general de rechazo: de grupos de poder, de individualidades empecinadas en actuar de espalda a la norma rectora de la Constitución; de falsas expresiones de dominio, apoyadas en la errónea convicción de que la insatisfacción de necesidades humanos primarias conforman sumisión incondicional.

Ciertamente, pudiera haber sometimiento. Sólo que, como lo dicen los  resultados citados anteriormente, también la protección y salvación pudieran estar supeditadas en este caso  a la importancia de resguardar el núcleo familiar, la protección de niños y ancianos; a la preservación de la esperanza y de los sueños en un país distinto.

Acerca del tema y de sus alcances, personas y países a nivel internacional han hecho sentir  su voz de alerta sobre esta injustificable situación. Dicen que el tiempo del diálogo pasó, porque  cuando se produjo, no hubo señales de quererlo y  las puertas fueron cerradas. Fue una oportunidad ideal que se utilizó  disfrazándola hasta con la presencia de la Iglesia católica y de supuestas personalidades de reconocida trayectoria política internacional, para terminar en una caricatura grotesca e irrespetuosa. Inclusive, los grupos comprometidos se comprometieron a asumir decisiones y acciones. Y, lejos de llegar  a soluciones, el tiempo se usó para distraer y desvirtuar la importancia  de lo que estaba planteado.

Y mientras marzo del 2017 cierra sacudido por la expectativa de lo que sucederá durante los meses por venir, después de lo que se ha planteado en el seno de la Organización de Estados Americanos, nuevamente, aparece que  el único camino factible basado en lo que establecen los artículos 457, 458 y 459 de la vigente Constitución, sin mediatización del Gobierno, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, es actuar con base en lo que ofrece la Carta Magna al Poder Originario y a las Fuerzas Armadas. Se trata de que cumplan  con su sagrado deber de defender los mandatos y contenido de la Constitución, de los derechos  ciudadanos y del resguardo del Territorio Nacional, dando cabida a todos los sectores y actores para solucionar la terrible situación que agobia a más de 30 millones de ciudadanos.

Dicho de manera más explícita, de convocar a la participación ciudadana alrededor de un proyecto país por y para una Venezuela reconciliada vía Poder Constituyente Originario. En el mismo, podrán concurrir partidarios de Gobierno, como de la oposición, tal y como lo establece la actual Constitución. Y debería suceder sin distinción ni diferencias; de todos los ciudadanos motivados por el mismo propósito de reconstituir la República desde sus bases, estableciendo una nueva Constitución hecha a la medida del ciudadano y no de las del  mandatario de turno.
Se darían los pasos necesarios para reivindicar la necesidad de establecer en el país la administración de justicia, a partir del reconocimiento del imperio de la ley, que, sin duda alguna, constituye la única garantía del respeto a los derechos y deberes del ciudadano para una feliz convivencia  con plena libertad y protección a los derechos humanos. Asimismo, de la independencia de los poderes públicos, como la autonomía  de las regiones, con el único propósito de lograr bienestar y desarrollo.

Luego de aprobar y establecer una nueva Constitución y después de aprobar un Plan Nacional de Desarrollo no sometido a las rigideces culturales y políticas del populismo pernicioso, como tampoco a improvisadas ocurrencias de falsos iluminados, se convocaría a un proceso de elecciones generales con un nuevo Consejo Nacional Electoral para cumplir con el ansiado cometido.

Los odios, rencores e intereses personales tienen que ser puestos a un lado. Lo único que debe importar y animar a los venezolanos ante una situación como la que hoy se vive, es salvar a la República. Y eso lleva implícita, desde luego, la  expulsión de la bota foránea y grosera que pisa sobre el presente y el futuro de todos los que viven en el país, como de aquellos que han debido huir o alcanzar las posibilidades de triunfo fuera de su tierra, porque se los han negado en suelo nacional.

Es un compromiso para los venezolanos, los únicos llamados hoy a forjar el futuro que se mantiene hipotecado fuera del territorio de la República.  

Egildo Luján Nava @egildolujan 
Coordinador Nacional de Independientes Por el Progreso (IPP)


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