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MADURO COMO PELIGRO PARA LA NACIÓN


El abandono de sus deberes. Maduro como peligro para la nación

El Parlamento ha declarado que Nicolás Maduro abandonó el cargo de presidente de la República, lo cual en la práctica equivale a su destitución, esto en ejercicio de la atribución que confiere el artículo 233 de la CRBV: “Serán faltas absolutas del presidente: …el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional”.

La norma no impone ninguna condición previa a la declaratoria, deja al Legislativo en absoluta libertad para determinar la existencia de dicha causal, lo cual ha hecho bajo la plausible tesis de que ese abandono consiste en el incumplimiento de los deberes que el cargo impone, los cuales están especificados, entre otras normas, en el artículo 236 de la misma Constitución, y de los que voy a citar solo uno: “…14) Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta Constitución y a la ley”.

Entre los múltiples deberes que la CRBV impone al cargo de presidente de la República está el antes citado sobre los contratos de interés nacional que deben celebrarse conforme al texto constitucional, lo cual viene siendo recurrentemente violado y es una de las faltas más graves que ha llevado y mantiene al país en la situación de quiebra en su economía y sumido en espantosa miseria a grandes sectores de la población, al punto de que sin duda puede catalogarse de tragedia humanitaria que tipifica como delito de lesa humanidad.

Mientras la Constitución de manera taxativa impone como condición para la celebración de contratos de interés nacional la aprobación de la Asamblea Nacional (art. 150), el gobierno ha firmado decenas de contratos con China, Rusia, Irán, Cuba, entre otros, no solo sin pasar por el Poder Legislativo, sino en el más absoluto secreto y que hasta ha tenido la impudicia de calificarlos como “acuerdos privados” y, entre otros, en áreas álgidas como la explotación minera, de hidrocarburos, militares, comprometiendo el patrimonio y la soberanía patria.

En el Boletín Febrero-Septiembre 2014 del Banco de Desarrollo de América Latina “Panorama político y económico de las relaciones entre América Latina y China”, págs.16-17, se asienta:

“En el caso de Venezuela, el gobierno pactó 22 acuerdos privados con China en las áreas de industria, agropecuaria, transporte, telecomunicaciones, tecnología y petróleo, los cuales se firmaron durante un encuentro entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el mandatario Chino, Xi Jinping en el mes de julio. Dentro de estos acuerdos se encuentra la firma de un crédito por 4.000 millones de dólares para el Fondo Chino, el financiamiento por 1.000 millones de dólares por parte del Eximbank, la línea por 691 millones para la elaboración del mapa minero, la adquisición de vehículos y autobuses, la instalación de una planta de cemento, la construcción de viviendas, una empresa mixta de agroquímicos, además, de proyectos petroleros y de tecnología. Dentro de los convenios está la ampliación de la planta de Invepal, así como la instalación de la fábrica de soda Ash y otra de vidrios planos. En materia petrolera se llegó a acuerdos para la ampliación de la empresa mixta Sinovensa, el suministro de crudo a China Zhen Hua Oil y la construcción de la red eléctrica para el desarrollo del bloque Junín en la franja del Orinoco, y se pactó la compra de camiones de carga para la Corporación Nacional de Logística. Así mismo, el gobierno de Venezuela firmó un acuerdo con una delegación de empresarios chinos por 2.000 millones de dólares para la importación de materiales y vehículos destinados a la construcción de viviendas. Por otra parte, se aprobó el contrato entre Venezuela y la República Popular China a través de la empresa Great Wall Corporation para establecer el segundo satélite venezolano de percepción remota con el objetivo de brindar datos detallados de las formas geográficas del país”.

Sin duda que la previsión contenida en la norma constitucional citada (art. 150) sobre el deber del presidente de someter a la aprobación del Parlamento tales contratos es para proteger a la nación, su patrimonio, el nivel y calidad de vida de sus habitantes, pero Maduro olímpica y delictivamente los firma sin cumplir con ese deber que el cargo le impone dando con ello luz verde al despilfarro, al robo, a la debacle de gente muriendo por hambre y por carencias hospitalarias, también por una horrorosa inseguridad, mientras las cúpulas gubernamentales son las beneficiarias de esos “contratos privados” con los que no se ejecuta obra alguna sino que solo sirven para robarse los dineros que allí aparecen invirtiéndose.

Otro caso es el de las obras públicas contratadas también en privado con Odebrecht donde se despilfarraron 3 millardos de dólares según informes publicados con ocasión del proceso penal en Brasil y que en Venezuela significaron el inicio e inmediato abandono de importantes obras como línea del Metro Caracas-Guarenas-Guatire; la Línea 2 del Metro Los Teques; el puente Cacique Nigale (segundo puente sobre el lago de Maracaibo); el tercer puente sobre el río Orinoco y la Línea 5 del Metro de Caracas.

Esas dos –de muchas otras– faltas a los deberes presidenciales justifican plenamente la decisión de la Asamblea Nacional de haber declarado el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro Moros quien, además, por tan grave violación representa un peligro para la vida misma de los venezolanos, y se hace reo de delitos no solo contra el patrimonio público, sino que estos configuran como crimen de lesa humanidad, pues no puede catalogarse como tal solo el hecho violento, sino cualesquiera otros que conlleven sufrimientos mortales a grandes porciones de la población, y así lo alegaré ante la Corte Penal Internacional en La Haya donde próximamente formalizaré acusación en su contra, y así lo anuncio.

Por Carlos Ramirez López Dr Ley - @carlosramirezl3



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