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PLAN B




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La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha convocado a la ciudadanía para que el 1° de septiembre se movilice hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE), a objeto de solicitarle que fije la fecha en que se recolectarán las firmas para solicitar la convocatoria de un referendo revocatorio que ponga cese al mandato del actual Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. A dicha actividad se le dio el nombre de «Toma de Caracas».

En puridad de derecho, tal evento es innecesario, por cuanto el artículo 51 de la Constitución establece el derecho de petición, cuyo ejercicio no amerita autorización o permiso por parte de autoridad administrativa alguna. La fecha en que se ha de realizar la solicitud la fija el peticionario en ejercicio de su derecho constitucional y resulta absurdo, antijurídico e inconstitucional que sea el receptor quien la determine.

Pero aun cuando fuera admisible que la Resolución N° 070906-2770 del CNE sea de aplicación preferente a la normativa constitucional, es menester hacer ciertas consideraciones de orden político para darle al evento su justa dimensión.

Para empezar, llama poderosamente la atención que la convocatoria se haya realizado con 23 días de antelación, cuando lo que está en discusión son los lapsos y los retardos intencionados fijados por el CNE; un País moribundo, como lo llamara la prestigiosa revista TIME, no admite calma ni tardanzas o como dijera alguien «el hambre es ya».

Pero, lo que es más grave, esta Toma de Caracas puede convertirse en un evento catastrófico desde el punto de vista político y producir efectos totalmente contrarios a los señalados en la convocatoria, pues solo un necio dejaría de prever que el régimen hará uso de todo tipo de argucias y violencias para hacerlo fracasar y, sin pretender competir con Reinaldo Dos Santos o con Adriana Azzi, vislumbramos:

- Descarada violación del artículo 50 constitucional, mediante la instalación de alcabalas móviles y la activación de inmóviles que retengan los vehículos cargados de tomistas, así como la obstrucción de vías mediante vehículos accidentados en puentes y túneles a objeto de crear caos vehicular;

- Cierre estratégico de gran cantidad de estaciones del Metro, con fines obvios;

- Instalación de mercados populares, convenientemente distribuidos y suficientemente dotados para desviar la atención de las masas famélicas;

- Detención de tomistas «para averiguaciones», en franca contradicción con la garantía de libertad personal establecida en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución;

- Tratamiento de desorden público por parte de los organismos de seguridad, colectivos y milicia: gas, perdigones y peinilla;

- Presencia amenazante de colectivos armados en diferentes puntos de la ciudad de Caracas y de otras donde traten de congregarse los viajeros;

- Uso de los medios de comunicación del Estado para esparcir rumores que desincentiven la asistencia al evento;

- Masiva presencia militar en sitios estratégicos para infundir temor y generar desazón.

Ante la masiva violación de los derechos constitucionales y el cada día más evidente sometimiento del CNE a los intereses del régimen y del PSUV, ¿Qué harán los convocantes? Si nos atenemos a la historia reciente, debemos suponer que nada harán, que no sea deshacerse en excusas y explicaciones insulsas, mostrando uno que otro acto de heroicidad cuidadosamente planificado. El día 2, amaneceremos con un régimen victorioso y con una población cada día más convencida de que poco o nada puede hacer para escapar de esta tragedia, de que cada día es más difícil flotar en el mar de la felicidad que construyó Chávez a la usanza cubana.

Es previsible que la convocatoria a tomar Caracas termine en una fenomenal derrota política para la gente, a menos que se establezca y proponga desde ya un «Plan B», que consista en la preparación de un paro nacional y la advertencia al régimen de que si continúa violando la Constitución e impide la celebración de la toma a la que tenemos derecho (Art. 53), a las 6 de la tarde de ese mismo día primero, el País entero se detendrá como un solo hombre, dando cumplimiento al artículo 333 de la Constitución, que impone a todos el deber de colaborar para el restablecimiento de su efectiva vigencia. 


Por Dulce Maria Tosta @DulceMTostaR
turmero_2009@hotmail.com
http://dulcemariatosta.com
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